La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) dio marcha atrás a la adquisición de camionetas blindadas con un costo de 1.7 millones de pesos cada una. Tras una intensa presión social y política, los ministros optaron por la austeridad en un momento de alta vulnerabilidad para el Poder Judicial en 2026.
El movimiento se interpreta como una estrategia para recuperar legitimidad frente a la próxima reforma judicial y las elecciones de jueces. Las unidades de lujo serán reasignadas a juzgadores que enfrentan riesgos reales por su labor, buscando así acallar las críticas sobre supuestos privilegios dentro de la institución.
