¿La razón? Una carga presupuestaria millonaria destinada a pensiones y contratos sindicales.
Los datos son claros: el Congreso eroga anualmente 220 millones de pesos para jubilados y pensionados, sumado a 57 millones para el personal sindicalizado. Para evitar la parálisis operativa, Pimentel Mejía propone integrar estos gastos al presupuesto del Instituto de Pensiones. ️
¿Consideras que es viable esta propuesta para sanear las finanzas del Congreso? Te leemos en los comentarios.
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